El siguiente artículo fue publicado en el diario La Nación (Argentina), el día 17 de mayo del corriente año.
Llama la atención que en el título aparezca la palabra "libre". No hay libertad de prensa, no en Argentina por lo menos. Si los intereses del periodista son consecuentes a los del medio, en tal caso se podrá hablar de la libertad de empresa periodística.
Se los dejo; hace a la construcción y la formación periodística.
Uno de los indicadores más elocuentes de la degradación de nuestra calidad institucional es la abierta hostilidad desde lo más alto del poder político hacia los medios de comunicación independientes.
Sobran pruebas de este fenómeno, pero bastaría con citar la reciente declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que le reclama al gobierno argentino que baje "el nivel de confrontación" con la prensa y considera que su posición "en contra de los medios y de periodistas independientes" ha motivado "actos vandálicos y de violencia que están restringiendo la libertad de prensa y el derecho público a la información".
Es lamentable que desde oficinas del Estado se avance sobre la esfera individual para coartar la libre expresión de las ideas e informaciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) parece olvidar por momentos sus funciones naturales para convertirse en un dispositivo de persecución política, al tiempo que en la Secretaría de Inteligencia (la ex Side) se ha desatado una guerra entre facciones que se acusan mutuamente de entrometerse en la privacidad de los periodistas y empresarios de medios.
Los que deberían ser órganos profesionales del Estado son puestos al servicios de los impulsos facciosos de un gobierno que ha decidido atacar a un sector de la sociedad con el que se siente molesto.
En el Congreso se impulsa una batería de proyectos de leyes inspiradas en el Poder Ejecutivo o en expresiones parlamentarias del oficialismo e ideados con el fin de castigar a empresas de comunicación individualizadas. Entre ellos, uno para derogar la desregulación de la venta de publicaciones y la ya comentada en estas columnas reforma de la ley de radiodifusión, planteada en términos antagónicos hacia determinados grupos.
Un Gobierno dotado de muy baja capacidad para la argumentación en defensa de sus políticas ha optado por imponer sus opiniones en la sociedad al embestir contra el patrimonio de los medios con la grosera fantasía de condicionarlos.
El manejo arbitrario de la publicidad oficial bajo la forma de un premio o un castigo en función de la cercanía de medios gráficos y programas de radio y televisión al Gobierno es otro mecanismo con el cual las autoridades pretenden controlar a la prensa. En ocasiones, también, el Gobierno estimula el surgimiento de nuevos medios garantizándoles una elevada cuota de publicidad oficial que difícilmente puedan justificar sus escasas ventas.
Acompaña estos emprendimientos la iniciativa de un Observatorio de Medios que, en manos de las autoridades, no es, sino un eufemismo para instrumentar la censura.
Esta atmósfera, que se hace sentir en los últimos años, se ha vuelto más espesa en los últimos días. Con fondos de dudosa procedencia, se lanzó una inconfesable campaña de pintadas y carteles anónimos, dirigidos a atacar a las empresas periodísticas del grupo Clarín.
Los líderes de las fuerzas de choque del oficialismo, como el sindicalista Hugo Moyano y el piquetero Luis D Elía, eligen ahora a los medios de comunicación como blanco de sus agresiones.
La actual administración profundiza algunos rasgos preocupantes, que ya se habían puesto en evidencia en el anterior mandato presidencial. Los funcionarios siguen sin dialogar con la prensa y evitan los reportajes abiertos, salvo los que se conceden a aquellos medios a los que el propio Gobierno favorece con sus regulaciones y publicidad. Tampoco se ofrecen conferencias de prensa, abstención que nace de la enorme dificultad del Gobierno para explicar no pocos puntos oscuros de su gestión.
Desde la máxima magistratura se sigue monologando en contra de los medios de comunicación que, por relatar lo que sucede, comienzan a ser señalados como la nueva causa de todos los males del país.
Este enojo cotidiano esconde, como siempre ha sucedido, un antiguo prejuicio autoritario, según el cual la prensa controla a la sociedad y la maneja. La aspiración a amedrentar a la prensa para, después, manipularla se inspira en aquel error, consustancial a las autocracias.
Sin embargo, este clima de hostilidad no se origina solamente en los reflejos autoritarios de los que gobiernan. En muchos casos, se advierte también una intencionalidad económica. Es decir, se lanzan embestidas sistemáticas para acorralar a los propietarios de los medios con la expectativa de conseguir, de ese modo, que éstos pasen a manos más convenientes para el poder. Este procedimiento, muy reiterado en otros sectores de la actividad empresarial desde que Néstor Kirchner llegó al poder hace cinco años, parece ahora extenderse a los medios de comunicación.
Esta tendencia es más inquietante desde que se conocen los antecedentes que, en esta materia, el actual grupo gobernante exhibió durante su larga gestión gubernamental en Santa Cruz. Personas de la intimidad del ex presidente Kirchner, como su antiguo chofer Rudy Ulloa, terminaron por controlar casi todo el sistema de medios provincial. Nadie podrá reprochar a estos empresarios ligados al poder la falta de sinceridad: el principal programa político de la TV administrada por el oficialismo santacruceño lleva por nombre El ojo del amo .
